Presunta red de corrupción municipal opera en la costa de Yucatán: denuncian clausuras ilegales y despojo territorial
Yucatán Independiente 
Por Redacción Yucatán Independiente
La tranquilidad de la costa norte de Yucatán se ve amenazada por una serie de presuntos abusos de autoridad y actos de corrupción promovidos desde gobiernos municipales, según denuncias de habitantes, empresarios y organizaciones locales. En el centro de estas acusaciones están los municipios de Dzemul, Telchac Puerto e Ixil, donde se estaría replicando un esquema ya conocido en la región: el uso discrecional de facultades legales para controlar territorio, intimidar a particulares y facilitar apropiaciones.
El caso más reciente ocurrió durante el arranque de la temporada vacacional, en un predio ubicado en el kilómetro 27 de la carretera Progreso–Telchac Puerto. Inspectores del Ayuntamiento de Dzemul colocaron sellos de clausura a negocios ubicados fuera de su jurisdicción, en un terreno que, según confirmó el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (INSEJUPY), pertenece legalmente al municipio de Progreso. La acción se realizó sin previo aviso y sin justificación legal, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a intervenir y retirar los sellos.
De acuerdo con fuentes ciudadanas y documentos oficiales, detrás de este tipo de acciones se encuentra Ariel Omar Herrera Flores, asesor jurídico del Ayuntamiento de Dzemul y recientemente también del de Telchac Puerto. Diversas denuncias apuntan a que Herrera ha puesto en marcha un patrón de presuntas extorsiones, cobros irregulares y amenazas legales bajo la protección de los alcaldes José Wilberto “Willy” Flota Aké (Movimiento Ciudadano) y Edmundo Núñez (PRI).
“Willy” Flota no es ajeno a las controversias. Ciudadanos lo han señalado por gobernar con un enfoque patrimonialista, condicionar servicios municipales, imponer aumentos de impuestos sin sustento y facilitar la ocupación de tierras ejidales. Además, la Auditoría Superior del Estado le detectó más de 29 millones de pesos sin comprobar durante su administración.
Lo alarmante para muchos es que este modelo recuerda el esquema de despojo institucional ocurrido durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, cuando desde el Catastro Estatal se diseñaron estrategias para registrar terrenos de alto valor en zonas federales o privadas como si fueran parte del fundo legal municipal. Mario Peraza Ramírez, entonces responsable del área, fue uno de los principales operadores de esa práctica, que nunca derivó en sanciones y cuyos efectos aún persisten.
Ahora, con la expansión de estas prácticas hacia Telchac Puerto e Ixil, ciudadanos y empresarios han comenzado a levantar la voz ante lo que consideran una red reciclada de corrupción con nuevos actores, pero con las mismas intenciones: controlar el territorio costero a través de mecanismos ilegales.
Desde Yucatán Independiente, nos sumamos al llamado a que las autoridades estatales y federales actúen con firmeza. No basta con frenar clausuras ilegales: se requiere una investigación profunda, sanciones ejemplares y estructuras de vigilancia ciudadana para evitar que el poder municipal sea utilizado como instrumento de intimidación y beneficio particular.
El desarrollo turístico de la costa yucateca no debe construirse sobre violaciones a la legalidad, ni a costa de la propiedad colectiva y privada de sus habitantes.
Esta nota se basa en información pública, denuncias ciudadanas y documentos oficiales. Las personas mencionadas tienen derecho de réplica conforme a lo establecido por la legislación vigente.
